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Conservación y aprovechamiento del patrimonio histórico físico, más compartición del patrimonio intelectual público, son los ejes funcamentales que aporta la legislación estatal española a la preservación cultural. Ambas materias se plasman en las leyes 16/1985 de Patrimonio Histórico, y la Ley 37/2007 de Reutilización de la Información Pública.